(Discurso de presentación del Manual a cargo
del Director del Coniaf, Ing. Juan Chávez Vargas)
SANTO DOMINGO, D. N., 18 septiembre 2017. El Consejo Nacional de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) fue instituido mediante la
Ley 251-12, en procura de lograr un
desarrollo integral del sector agropecuario, por lo que debe ser catalizador de la
sostenibilidad, competitividad, equidad y seguridad alimentaria, mediante la
articulación de esfuerzos y coordinación de acciones de todas las instituciones
y organizaciones que trabajan en la producción de conocimientos y tecnologías
en el sector. De manera específica, el articulo 7, referente a las atribuciones
del CONIAF, en su Numeral 14 nos instruye a “Promover el desarrollo de
capacidades en servicios de aquellas áreas prioritarias en el sector. Además de
realizar foros y mesas de discusión sobre temas relevantes que afectan el
desarrollo del sector agropecuario y forestal”.
El CONIAF,
junto a las instituciones socias en este proyecto académico, desea agradecer a:
El gobierno local de NEW BRUNSWICK, NEW FOUNDLAND Y LABRADOR, Departamento de Medio Ambiente y
Trabajo de NOVA SCOTIA y la isla PRINCE EDWARDS, en CANADA, y al Grupo de
Trabajo del Atlántico para la Educación de Manejo de Plagas y Formación en
Normas, por habernos permitido traducir
y adaptar este material a las condiciones y leyes de la República Dominicana.
La
importancia económica de la industria de los plaguicidas en el mundo es
sencillamente incuestionable, basta señalar que las ventas mundiales de las 20 principales
compañías productoras sobrepasaron los cinco millones de toneladas y que su
facturación ascendió a US$ 21, 000 millones a inicios de la década de
los 90 (Consejo de Salud Ocupacional, 1994). Para el 2011 el
crecimiento fue de 18% según un reporte preliminar de la firma de consultoría
Phillips McDougall rodeando los US$ 25,000 millones. En el 2015 la FAO y la
OMC también ratifican que el uso de
plaguicidas ha crecido sostenidamente en las últimas tres décadas. Los datos de
la industria indican que el tamaño del mercado mundial de plaguicidas se ha
duplicado en los últimos 15 años y para el 2016, solo en EEUU, a pesar de existir una
fuerte estructura de regulación del uso y manejo, las ventas de plaguicidas superaron
los 50, 000 millones de dólares.
Foto 2. Parte del público que asistió a la puesta en circulación del Manual de Formación para Aplicadores y Distribuidores de Plaguicidas en la República Dominicana. |
Con el uso de plaguicidas tenemos beneficios directos e indirectos. Por ejemplo, el efecto del plaguicida
que actúa controlando la población de una plaga que se alimentan de las partes vegetal de un cultivo
trae el beneficio directo de mayores rendimientos y mejor calidad exportable
de lo cosechado. Los beneficios indirectos son los menos inmediatos o menos
obvios. Por ejemplo, un mayor rendimiento del cultivo tratado podría traer
ingresos adicionales que se podrían aportar en la educación de los niños o la
atención médica, lo que se traduce en una población mejor educada y saludable.
En el otro extremo, hay que reconocer que el uso, y en especial el mal uso de estas sustancias, podría producir
secuelas colaterales adversas, muchas veces de carácter irreversible, tanto en
el ser humano como al ambiente. El fenómeno es especialmente grave en los
países en desarrollo, donde por diversos motivos estos productos no se utilizan
de manera adecuada (Arauz et all; 1983 y Castillo, W. 1992). La FAO (2017)
reiteradamente alerta sobre los efectos nocivos que pueden tener los plaguicida
en los casi cien millones de niños que se estima trabajan en la agricultura en
el mundo y apunta que, aunque el trabajo infantil ha disminuido de manera
significativa en los últimos años, la agricultura sigue siendo el sector con la mayor cantidad de trabajadores infantiles (un
60 %), además de ser uno de los más
peligrosos.
Por otra parte, para
eficientizar y mantener los niveles de exportaciones de productos
agroalimentarios hacia Los Estados Unidos de Norte América, República
Dominicana debe fortalecer los procesos de inocuidad agroalimentaria tomando
como base, entre otras, las nuevas normas de Controles Preventivos de los
Alimentos para Consumo Humano, detallados en la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de la FDA (Food Safety Modernization Act, FSMA). Esta nueva ley ya es definitiva, por lo cual
es mandatorio que el país se avoque a ir capacitando a toda la cadena de valor,
ya que la no adecuación oportuna a esta nueva ley, conllevaría a un colapso de
nuestras exportaciones hacia EEUU, nuestro principal socio comercial. Se debe discutir, además, las 7 principales
iniciativas emblemáticas que forman
parte de la estrategia Europa 2020 y especial la adopción de la economía
circular o bio-economia para contrarrestar el impacto del cambio climático, con
su consecuente impacto en los niveles y
presencia de plagas y enfermedades.
El desafío global que representa
el incremento poblacional en 2,300 millones de personas al 2050, y el local
caracterizado por el hecho de que República Dominicana y Haiti que estaban
proyectados a lograr 25,000,000 de habitantes para el 2050 y en proyecciones
reciente la CEPAL indica que este número se lograra al 2030 y el Cambio
climático dictan: que el sector
agropecuario de Republica Dominicana no puede seguir accionando, de espaldas a
la tendencia mundial de tratar de obtener los rendimientos potenciales de las
variedades, protegiendo, al mismo tiempo,
la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos de aplicaciones incorrectas de plaguicidas. Vale
puntualizar que en Latinoamérica y el Caribe solo Brasil, Argentina, Chile y
Méjico obtienen los rendimientos potenciales de las variedades de sus productos
cadenas, lo que no sorprende por ser estos países los líderes regionales en
asignación de presupuesto para investigación y desarrollo.
Ya en 1947, EEUU decreto una Ley Federal de Insecticidas,
Fungicidas y Rodenticidas, FIPRA, ("Federal
Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act"), administrada por la Agencia Federal de
Protección Ambiental (EPA), para reglamentar el etiquetado, distribución, venta, transportación,
almacenamiento, manejo, aplicación y eliminación de los plaguicidas. En la
reglamentación, nace en casi todos los estados de EEUU una estructura manejada
por la EPA en algunos estados y el Ministerios de agricultura (con un mandato
de la EPA) en la mayoría de estos. Dicha estructura es la responsable de
ensamblar los procesos de capacitación en las diferentes categorías para los
diferentes subsectores (Agrícola, Distribución, Ornamentales y Césped, Plantas
acuáticas, Estructuras y Residencias, Invernaderos, Mosquitos y Moscas que
muerden y Foresta. Estas categorías variaran mínimamente de estado a estado.
La estructura
regulatoria, es responsable de otorgar las licencias de: Registro,
Comercialización, Aplicaciones
comerciales, Aplicaciones privadas, Transporte, distribución, seguimiento, y fiscalización del proceso de educación.
Con este Manual de Formación
para Aplicadores y Distribuidores de Plaguicidas en Agricultura, que hoy
entregamos, se sientan las bases para iniciar
un proceso de formación y certificación de aplicadores y distribuidores con el apoyo
de varias instituciones comprometidas con la salud y el medio ambiente, tales
como: La UASD, AFIPA, REDDOM, La JAD, y
la ADIA.
Foto 3: Juan Chávez entrega primer manual al Rector y Decano de la UASD, institución encargada de dirigir el programa de capacitación. |
Qué se
busca?
1.
Disminuir las perdidas por
devoluciones de exportaciones agrícolas de
productos de origen dominicano.
2. Disminuir los casos de intoxicaciones y muertes
accidentales por el mal uso de plaguicidas
3. Suplir la demanda de
recursos humanos capacitados en esta materia.
4. Crear las bases para
implementar un sistema de formación y
certificación en registro, distribución, uso y manejo de plaguicidas en todo el
territorio nacional.
5. Contribuir con la
conformación en el
país un sistema de buenas prácticas en el
uso y manejo de plaguicidas, incrementando los niveles de
innocuidad y por ende competitividad de
los productos dominicanos de origen
agropecuario.
6. Incrementar la demanda
internacional de productos agroalimentarios de origen Dominicano;
7. Incrementar la productividad de los trabajadores del
sector y disminuir los excedentes de plaguicidas a nivel de finca.
8. Dar los primeros pasos para conformar una estructura
pública responsable de fiscalizar las importaciones, el comercio y aplicación
de los plaguicidas en República Dominicana.
9. Reducir los casos reportados
relacionados a accidentes con plaguicidas;
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