Por: Eladio Contreras Reyes
MARCO DE REFERENCIA.
Diversas entidades interesadas en el presente y futuro
de la institucionalidad del sector agropecuario público, han iniciado una
serie de consultas para saber la posición de distintos sectores sobre las
reformas que debería llevarse a cabo en el sector. Los temas a abordar son
los siguientes:
1) La agenda de reformas o políticas
sectoriales para mejorar la competitividad, la producción y la calidad de vida
de los habitantes de la zona rural.
2) Determinar las políticas sectoriales diferenciadas y cuales tipos de apoyo requiere el sector.
3) Identificar los desafíos del sector agropecuario para lograr una mejor inserción de los productos dominicanos a nivel mundial.
4) Identificar las limitaciones de comercio actuales de los TLCs.
5) Evaluar en cuales renglones o aspectos el apoyo de las agencias internacionales de cooperación sería más relevante para el desarrollo del sector agropecuario.
6) Determinar cuáles son los factores que determinan los bajos salarios en la República Dominicana y en el sector agropecuario en particular.
7) Analizar el por qué a pesar de varios años de crecimiento alto, no se observan presiones para el alza salarial.
8) Evaluar las condiciones para replantearse el tema salarial, en particular articulando una reforma al código laboral.
9) Evaluar los mecanismos de asistencia que deben utilizar agencias internacionales de cooperación en el futuro (inversiones de crédito, conocimiento y dialogo).
NUESTRA POSICIÓN EN CADA UNO DE LOS ASPECTOS.
La Estrategia Nacional de Desarrollo, establecida por
la Ley 1 - 12, consigna qué en un plazo no mayor de 3 años debía
iniciarse el proceso de reforma de los marcos legales e institucionales de las
entidades que conforman el sector agropecuario público en la República
Dominicana. Esa Ley se aprobó a principios del año 2012, por lo que hay un
mandato de que para el año 2015 ese proceso debía estar ya implementado.
Obviamente que ese proceso no se ha iniciado formalmente todavía.
Tenemos un rezago significativo. Salvo el Proyecto de
Ley presentado por el Senador Adriano Sánchez Roa, que es una iniciativa que se
hizo de manera individual. Ahora es que se está conociendo. Qué bueno que por
lo menos eso se está haciendo!.
Temas 1 y 2.-
La necesidad de la implementación de un paquete articulado de políticas y
acciones desde el Gobierno, es vital para mejorar los niveles de competitividad
y rentabilidad de los productores agropecuarios y de la población rural del
país.
Ese proceso debe implicar una
transformación del aparato institucional público agropecuario, donde un aspecto
importante deberá ser el deslinde de los roles que debe jugar cada una de las
agencias públicas del sector.
Entendemos que el rol de
regulador o de rector de las políticas públicas agropecuarias, deben
desvincularse del rol de agencia prestadora de servicios técnicos,
capacitación, seguros y financiamientos que en la actualidad se promueven desde
el Ministerio, como Coordinador del sector agropecuario oficial.
Esa situación, donde el propio
Ministerio es ejecutor de servicios de sanidad animal, vegetal, seguros,
financiamientos, entre otros, compromete la idoneidad y alcance de la labor de
supervisión y fiscalización de dichos servicios.
Creemos que deben evaluarse todas las posibilidades
donde el sector privado debidamente acreditado y certificado, sea el que
mediante procesos de tercerización en el marco de la transparencia
administrativa, sea el que otorgue algunos de los servicios técnicos y capacitaciones al sector agropecuario dominicano.
La transformación institucional
también conlleva la realización de una reingeniería organizacional que evite la
duplicación de esfuerzos, servicios y el gasto del presupuesto en una
burocracia improductiva y súper numérica.
La nueva institucionalidad debe
contar con recursos presupuestarios suficientes que permita emprender los
programas y proyectos de manera rápida y eficaz, de forma tal que se
pueda impulsar la simplificación administrativa y la eficiencia de costo en
la provisión de asistencia técnica y gerencial a los productores agropecuarios,
sin menoscabo de la labor de fiscalización.
Los servicios financieros y no financieros al sector
agropecuario necesariamente no deben otorgarse como se le da a otras
actividades económicas o para otros destinos.
Los servicios financieros al sector agropecuarios, a
nivel de casi todo el mundo, tienen un componente de costo superior al de otros
sectores o destinos de los préstamos, por el alto riesgo crediticio que se
percibe en la actividad agropecuaria.
La actividad agropecuaria, además de los riesgos de
fenómenos atmosféricos (sequia, inundaciones, granizos, vientos, entre otros),
también presentan riesgos de variaciones de precios y cantidades ofertadas y
demandadas.
El organismo de supervisión bancaria y la autoridad
monetaria, ha creado un reglamento de evaluación de activos, donde se
establecen una serie de categorías o clasificaciones de créditos, que sitúa al
sector agropecuario en las categorías que más reservas o provisión de créditos
necesitan para su otorgamiento.
Ello obliga a que las entidades financieras, para
poder compensar parte de los recursos provistos como reservas, les hacen
ajustes a las tasas de los préstamos.
Como los organismos de supervisión bancaria están
constituidos para velar por los recursos de los depositantes y/o accionistas,
apelar a que se modifiquen sustancialmente dichas disposiciones no es lo más
aconsejable en los actuales momentos. El recuerdo del Caso Baninter está muy
fresco todavía. Ahora se suma el escándalo del Caso Banco Peravia.
Pero hay otras opciones de políticas públicas que se
podrían implementar que pueden impactar positivamente en el desarrollo del
sector:
·
Constituir un Fondo de Cobertura de Riesgo
Crediticio con características similares a las establecidas por la
Junta Monetaria en su Resolución No.3 del 26 de enero de 1996, que crea el
Sistema de Garantía Compartida (SIGAC) y define un mecanismo de apoyo financiero
al Sector Agroempresarial. Ese fondo operaria contra los montos del
capital no cobrado por las entidades financieras, una vez desarrollado todo el
proceso de cobro. Para velar por la buena evaluación de los créditos, este
fondo reembolsara hasta el 60% del capital adeudado.
·
Constituir un Fondo para el Desarrollo
Agroempresarial con recursos locales, de organismos multilaterales de
crédito y de Gobiernos de las naciones industrializadas. Este Fondo se
orientaría, fundamentalmente, a financiar la modernización tecnológica del
campo dominicano. Este fondo operaria para pagar (copago) una parte de
los intereses de los prestamos agropecuarios que el Gobierno haya decidido
priorizar.
·
Hay que hacer la salvedad de que para poder
desarrollar exitosamente un proyecto de desarrollo integral, debe tenerse
previamente un Registro Nacional de Productores Agropecuarios,
donde entren otras cosas, se determinen la edad, sexo, ubicación geográfica,
tamaño de parcelas, cultivos o rubros, educación, propiedad de la tierra, etc.
Es decir, al disponer de los perfiles de cada
productor agropecuario, desde las distintas agencias de servicios al sector, se
podrán formular las acciones de políticas públicas para su desarrollo y
fortalecimiento.
Temas 3 y 4. La posibilidad de
insertar los productos dominicanos a nivel mundial va a depender en mayor
medida de si los mismos cumplen con los requerimientos de los mercados
internacionales.
En la actualidad, los mercados internacionales están
exigiendo básicamente que los productos cumplan con los siguientes aspectos:
· Inocuidad
agroalimentaria (que no le haga ningún tipo de daño a los consumidores).
· Sanidad
animal y vegetal (que no se ponga en riesgo la estructura productiva agrícola y
pecuaria del país demandante).
· Certificación
orgánica (que los productos se hayan generado en armonía con los recursos
naturales).
· Comercio
Justo (que en el proceso de producción se hayan respetado los derechos de los
trabajadores y que la comunidad periférica también se haya visto beneficiada
y/o compensada).
Para todo lo anterior, desde el Ministerio de
Agricultura y de otras agencias oficiales que tienen que ver con el tema, deben
profundizarse los esfuerzos para:
Ø Fortalecer
el sistema nacional de sanidad animal y vegetal, que garantice la inocuidad
agroalimentaria.
Ø Fortalecer
la unidad de producción orgánica del Ministerio, para
velar que se cumplan los protocolos vigentes de las certificadoras más
importantes y exigentes.
Ø Coordinar
con el Ministerio de Trabajo y otras agencias públicas, para garantizar que a
los trabajadores agropecuarios no le sean violados sus derechos laborales, y que
las comunidades reciban efectivamente una parte del precio de los productos
generados en su localización geográfica.
La experiencia que hasta ahora se ha tenido con los
acuerdos de libre comercio, donde el Dr Cafta es el más conocido, no ha sido la
mejor.
La balanza comercial con los países signatarios ha
sido deficitaria en casi todos los años del acuerdo.
AÑO
|
EXPORTACIONES
|
IMPORTACIONES
|
SALDO
|
AÑO 2005
|
$4,375,768,000
|
$3,928,440,000
|
$447,328,000
|
AÑO 2006
|
$4,092,505,000
|
$4,777,071,000
|
-$684,566,000
|
AÑO 2007
|
$3,154,219,000
|
$5,712,031,000
|
-$2,557,812,000
|
AÑO 2008
|
$3,222,147,000
|
$6,146,107,000
|
-$2,923,960,000
|
AÑO 2009
|
$2,747,180,000
|
$5,517,025,000
|
-$2,769,845,000
|
AÑO 2010
|
$2,820,435,000
|
$6,419,254,000
|
-$3,598,819,000
|
AÑO 2011
|
$3,467,017,000
|
$8,078,105,000
|
-$4,611,088,000
|
AÑO 2012
|
$4,206,811,000
|
$7,230,523,000
|
-$3,023,712,000
|
AÑO 2013
|
$4,230,179,000
|
$7,341,190,000
|
-$3,111,011,000
|
AÑO 2014
|
$4,974,047,000
|
$7,849,339,000
|
-$2,875,292,000
|
Elaborado por la
FUENEDEM con datos de Trade Map
|
Hasta ahora, a pesar de que han ejecutado algunas
iniciativas desde el gobierno para la transformación y adecuación de la
estructura productiva agropecuaria, no se han logrado los avances esperados,
que permitan a RD competir exitosamente en el mercado centroamericano y el de
los EEUU.
Parte de las razones de esa situación son el alto
costo financiero en comparación con los de la región, y el costo de los
combustibles, que también es sumamente alto, relativamente.
Tienen que formularse medidas de políticas públicas
que impacten positivamente sobre esos costos.
Aunque se ha estado hablando en los últimos años del
Banco de Desarrollo de las Exportaciones, hay que reconocer que se le está
dando un enfoque que no está tomando en cuenta el problema del financiamiento y
de otros costos de los sectores productivos en la República Dominicana. La
cadena de costos de la generación de bienes y/o servicios comienza desde el
momento mismo en que se inicia el proceso de producción de los mismos,
independientemente del mercado de destino de los mismos.
En la República Dominicana, hay que desarrollar
políticas públicas que impacten hacia la baja el costo financiero y energético
de todo el espectro productivo.
Es decir, la reducción de costos de producción debe
irse verificando desde el inicio de la cadena de costos.
El sistema de apoyo mediante pagos parciales de
intereses de los préstamos, donde la cuantía de esos pagos serían mayores o
menores dependiendo de la importancia estratégica que el Gobierno le atribuya a
determinados bienes exportables, podría impactar ampliamente en las
exportaciones dominicanas.
Temas 5 y 9. En toda la historia
de las agencias de cooperación internacional en la República Dominicana,
sus acciones han sido de vital importancia en la implementación de diversas
iniciativas de desarrollo sectorial. Entendemos que el apoyo de
las agencias debe seguir siendo una combinación de
diversos mecanismos de apoyo, atendiendo los temas más relevantes en el desarrollo
integral del sector.
Deben combinarse los proyectos de:
Ø Financiamientos
para el desarrollo
Ø Creación,
validación, divulgación y transferencia de conocimientos/tecnología
Ø Fortalecimiento
de los diálogos, concertaciones, pactos y alianzas entre los actores diversos
del sector productivo.
Los temas o aspectos más relevantes que deberían estar
en la agenda a apoyar de las agencias, pudieran ser:
Ø Reforma
Institucional Oficial del Sector Agropecuario
Ø Elaboración
del Plan Estratégico de Obras de Infraestructura de Apoyo al Sector
Agropecuario (de cara a los próximos 30 años)
Ø Plan
Estratégico del Agua (de cara a los próximos 30 años)
Ø Entre
otros temas.
Temas 6,7 y 8. El
tema salarial es uno de los aspectos pendientes en una gran parte de los países
de la región. La República Dominicana no es una excepción.
A pesar de que en los últimos años ha habido avances
en el tema del empleo, todavía hay una cantidad significativa de dominicanos
que están desempleados.
Esa situación crea una presión adicional para que los
salarios no se ajusten en los niveles suficientes para mantener o aumentar la
capacidad adquisitiva de los empleados.
Entendemos que deben profundizarse las acciones para
que desde el Gobierno, se desarrollen iniciativas donde el proceso de
formalización empresarial no sea percibido como una estrategia que simplemente
persiga aumentar las recaudaciones de impuestos.
La formalización empresarial debe verse como un
mecanismo de elaboración de bases de datos del sector empresarial para el
diseño de políticas y acciones oficiales para aumentar la competitividad y
rentabilidad empresarial. Si en el proceso eso impacta en el aumento de las
recaudaciones fiscales, es un efecto colateral positivo, pero no debe ser
percibido como el objetivo a perseguir.
La informalidad empresarial en cuanto al pago de los
impuestos, la seguridad social y las prestaciones laborales, debe abordarse con
inteligencia y tacto.
Hay que evaluar hasta donde puede flexibilizarse el
código de trabajo, sin que se reduzcan los beneficios de los trabajadores. Pero
también tiene que evaluarse hasta donde, el código de trabajo vigente en la
República Dominicana, en comparación con las normativas laborales de otros
países, afecta negativamente la competitividad empresarial de las empresas
dominicanas, provocando la quiebra y desaparición de las mismas.
Obviamente que cuando una empresa
quiebra o cierra, también los empleos se pierden.
En esta parte hay que reflexionar lo siguiente: Es
mejor tener un porcentaje mínimo de algo, que tener el 100% de nada.
Entendemos que estamos en el momento de los diálogos,
de los pactos, de las alianzas. Vamos a profundizar en los análisis. Hay que
ver qué es lo que más le conviene al colectivo, pero sin descuidar a los
individuos.
En este proceso lo más importante es que tanto el Gobierno, los políticos y
los empresarios, tengamos la suficiente responsabilidad y madurez, de poder
hacer lo correcto y adecuado, para el fortalecimiento sostenible del sector
agropecuario dominicano.
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