Director Ejecutivo Coniaf
César Montero,
Enc. Dpto. Producción Animal Coniaf
Con el Decreto 260-16, el excelentísimo
señor presidente, Danilo Medina, nombra una comisión de alto nivel para evaluar
el impacto del DR-CAFTA en el sector agropecuario de la República Dominicana,
presentar las conclusiones de la consulta y
una propuesta para un plan de acción, con el objetivo de mitigar los
efectos del libre comercio que genera el referido acuerdo. Sorprendentemente, esta es la primera
iniciativa auspiciada por el Estado dominicano que busca amortiguar el impacto
presente y futuro que habrá de recibir el sector agropecuario, cuyas
consecuencias positivas dependerán del estado situacional del mismo al momento del desmonte arancelario parcial o
total.
El sector
agropecuario de República Dominicana muestra una prevalencia de pequeños y
medianos productores (cerca del 66%), dispersos en un territorio de 48,442
Kilómetros cuadrados. Esto, desde luego, limita la posibilidad de producir
grandes volúmenes en cualquier rubro de producción agrícola para tener acceso a
grandes mercados. Los rendimientos
(productividad) de los cultivos importantes: musáceas (bananos y plátanos),
arroz, habichuelas, así como rubros pecuarios, leche y carnes, presentan un
cuadro de estancamiento o leves incrementos, por lo que hay menos ofertas para
la dieta de los dominicanos y para la exportación.
El sector aun no logra aprovechar al máximo su
potencial productivo para los llamados productos especiales (orgánicos o
ecológicos) y las oportunidades que le ofrece el mercado internacional. A pesar
de que se ha mejorado el acceso al
crédito, no así la competitividad, como consecuencia de bajo nivel tecnológico,
altos costos de producción, bajos
rendimientos, notable ineficiencia en el uso del agua, reducida productividad y
limitaciones para cumplir con las exigencias de inocuidad y calidad que exigen
los mercados externos. Todo lo anterior se complementa con la existencia de
instituciones públicas y leyes obsoletas,
y organizaciones de productores débiles. De hecho, el Informe Económico Global
de competitividad del Foro Económico Mundial 2016-2017 sitúa a la República
Dominicana en la posición 92 de las 138 economías estudiadas, y de nuestros
competidores en el DR-Cafta, muchos
están situados por los 50.
Además, la
poca disponibilidad de tecnologías apropiadas y apropiables, escasas
transferencias de los resultados promisorios disponibles, informalidad en la
tenencia de la tierra que dificulta el acceso al crédito, alto endeudamiento de
los productores con la banca informal, bajo niveles de agro-industrialización,
altos costo en la comercialización, escaso uso de buenas prácticas, entre
otros, son desafíos a resolver a la mayor brevedad posible, si se quiere poner
en marcha un proceso creíble de Reconversión Productiva, el cual creemos debe
implementarse a través de un Plan Nacional de Reconversión del Sector Agroalimentario,
con programas y proyectos concebidos de acuerdo con las realidades circundantes,
prioridades productivas del Estado y potencialidades de cada región.
La situación sectorial e institucional en relación a
los recursos humanos está caracterizada por: falta
de una masa crítica de investigadores en las diferentes áreas estratégicas de
investigación (falta de equipos multidisciplinarios), la relación promedio de
Investigador Tiempo Completo (ITC) por proyecto es de 1.63 por debajo del mínimo
recomendado (BOE, 2010 y Alvarez, 2011). Las universidades de República Dominicana no ofrecen, en el
sector, programas creíbles de maestrías y doctorales propios, lo que limita la
formación sólida de recursos humanos para realizar investigación científica. El
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) cuenta
con 128 investigadores (12 con nivel de doctorado y 59 con maestría), que
cumplen sus labores de manera parcial, ya ni siquiera a medio tiempo, debido a
los bajos salarios que los obliga al pluriempleo para subsistir. Debe
resaltarse que un 30% de estos
profesionales se encuentran en retiro permanente por edad o enfermedad, pero
engloban la nómina activa. El servicio de extensión casi ha desaparecido. La
edad promedio de los profesionales agropecuarios que todavía prestan algún
servicios en las diferentes sectoriales, IAD, INDRHI, Ministerio de
Agricultura, entre otras, ronda los 55 años, y
no hay ningún incentivo que garantice un relevo
generacional, pues el salario promedio para profesionales en este sector está
por debajo de RD$ 30,000 pesos
mensuales.
En Mayo 2016 el CONIAF, la ADIA y otras
organizaciones del sector, realizaron un levantamiento de los principales
desafíos del sector agropecuario, con la participación de más de 600 líderes
productores de las 8 Direcciones Regionales del Ministerio de Agricultura, siendo
estos los principales retos encontrados, en orden de prioridad: escasez
de agua, dificultad de acceso al crédito, mercado, debilidad institucional, escaso
proceso de relevo generacional, y limitado proceso de investigación y
transferencia de tecnologías. Estos desafíos están contenidos en una propuesta
integral que se elaboró con el objetivo
de que sirviera de plataforma para las discusiones que nos conduzcan
hacia la Reconversión Productiva del Sector Agroalimentario de República
Dominicana en los próximos 8 años, y así
mitigar los efectos negativos del acuerdo DR-CAFTA, obteniendo algún provecho del mismo.
Creemos que La Reconversión
Productiva del Sector Agroalimentario de República Dominicana se hace impostergable y se presenta como una de
las pocas alternativas disponible para
enfrentar exitosamente el proceso de apertura comercial a nivel multilateral,
regional y bilateral. Esta apertura plantea dos retos: La competencia en el
mercado doméstico con aquellas importaciones a las cuales se le han
concedido preferencias arancelarias o
más competitivas, y el aprovechamiento del acceso a mercados externos con
productos especiales de calidad, con valor agregado y a precios competitivos. Como se ha puntualizado anteriormente, la
reconversión agropecuaria debe enfocarse en dos ejes estratégicos bien
definidos; agricultura para la
exportación y agricultura familiar. En ambos casos, asumimos la premisa de que en la mayoría de
los productos que cultivamos no somos ni seremos competitivos frente a grandes mercados, sin
embargo, son imprescindibles por soberanía alimentaria (autosuficiencia), y
generación de empleos, siendo la cantidad (volumen), inocuidad, y productividad,
los factores fundamentales a mejorar para lograr ciertos índices de
competitividad interna y externa.
En la mayoría de nuestras
áreas de producción, este proceso debería estar centrado en la aplicación de tecnologías
generadas y/o validadas y ajustadas a nuestras condiciones, siempre y cuando
los resultados hayan mostrado el potencial que tienen para incrementar la
productividad, lo que contribuiría con la seguridad alimentaria nacional, y a
garantizar el acceso a mercados internacionales.
La
ejecución del Plan de Reconversión debe estar precedido de la definición de un marco
regulatorio que describa con exactitud: cómo, con qué y para qué se
implementará el proceso de reconversión
productiva en ambos niveles de producción. Es impostergable la revisión integrar del
marco jurídico que norma el Sector Agropecuario en toda su partes. Sin parches,
ayer era la ley de semillas, hoy la ley de agua, mañana ¿cuál será?
Los países centroamericanos,
junto a los que conformamos el DR-CAFTA, Dominican
Republic-Central America Free Trade Agreement, en el año 1998 con apoyo
de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), realizaron una consulta regional
que sirvió de líneas bases para los procesos de reconversión en estos países.
Tomando en cuenta estas líneas bases, Costa Rica, por ejemplo, creó en 1998,
mediante la Ley 7742, el Programa de Reconversión Productiva del Sector
Agropecuario, y ya lo actualizó en el año 2012. Otros países como Perú, en el
año 2012, también revisaron su Marco Regulatorio de Reconversión Agropecuaria.
Republica Dominicana no ha comenzado el proceso aún y con el decreto 260-16 se
abre, probablemente, la ultima ventada para iniciar esta gran responsabilidad.
Se debe
incorporar organizaciones con experiencia en estos procesos como la FAO, y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) el cual, en el
año 2007, publicó el documento “Lecciones aprendidas sobre políticas de reconversión y modernización de la
agricultura en América Latina”. En este documento se puntualiza
que en Latinoamérica se han
dado distintas experiencias de políticas para la reconversión productiva,
reflejo de que en la región hay conciencia sobre la necesidad de acciones
explícitas orientadas hacia la modernización del sector.
En cada uno de estos países, al analizar la estrategia de
reconversión del sector agroalimentario que han seguido, encontramos que, sin
importar el orden o nivel de detalle, están presentes los siguientes elementos:
Componente de inversión, Componente
de tecnología, Componente de comercialización, y Componente de evaluación. Sabemos que la
reconversión de cualquier sistema de producción es compleja dado que en ese
proceso deben intervenir diferentes actores: Gobierno del Estado o Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo y los principales extractos de los Productores del
sector en cuestión. En este momento República Dominicana tiene una oportunidad,
pocas veces antes vistas, para avocarse a este complejo pero necesario proceso,
pues, el Ejecutivo cuenta con el todo
apoyo del Legislativo, y relaciones afectivas reconocidas con los diferentes
extractos (pequeños, medianos y grandes productores) del Sector Agropecuario
Nacional.
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