lunes, 17 de octubre de 2016

SECTOR AGROPECUARIO DOMINICANO Y SU REALIDAD FRENTE AL DR-CAFTA

Por: Juan Chávez, 
        Director Ejecutivo Coniaf
        César Montero,
        Enc. Dpto. Producción Animal Coniaf

Con el Decreto 260-16, el excelentísimo señor presidente, Danilo Medina, nombra una comisión de alto nivel para evaluar el impacto del DR-CAFTA en el sector agropecuario de la República Dominicana, presentar las conclusiones de la consulta y  una propuesta para un plan de acción, con el objetivo de mitigar los efectos del libre comercio que genera el referido acuerdo.  Sorprendentemente, esta es la primera iniciativa auspiciada por el Estado dominicano que busca amortiguar el impacto presente y futuro que habrá de recibir el sector agropecuario, cuyas consecuencias positivas dependerán del estado situacional del mismo  al momento del desmonte arancelario parcial o total.

El sector agropecuario de República Dominicana muestra una prevalencia de pequeños y medianos productores (cerca del 66%), dispersos en un territorio de 48,442 Kilómetros cuadrados. Esto, desde luego, limita la posibilidad de producir grandes volúmenes en cualquier rubro de producción agrícola para tener acceso a grandes mercados.   Los rendimientos (productividad) de los cultivos importantes: musáceas (bananos y plátanos), arroz, habichuelas, así como rubros pecuarios, leche y carnes, presentan un cuadro de estancamiento o leves incrementos, por lo que hay menos ofertas para la dieta de los dominicanos y para la exportación.

 El sector aun no logra aprovechar al máximo su potencial productivo para los llamados productos especiales (orgánicos o ecológicos) y las oportunidades que le ofrece el mercado internacional. A pesar de que se ha mejorado el  acceso al crédito, no así la competitividad, como consecuencia de bajo nivel tecnológico,  altos costos de producción, bajos rendimientos, notable ineficiencia en el uso del agua, reducida productividad y limitaciones para cumplir con las exigencias de inocuidad y calidad que exigen los mercados externos. Todo lo anterior se complementa con la existencia de instituciones públicas  y leyes obsoletas, y organizaciones de productores débiles. De hecho, el Informe Económico Global de competitividad del Foro Económico Mundial 2016-2017 sitúa a la República Dominicana en la posición 92 de las 138 economías estudiadas, y de nuestros competidores en el DR-Cafta, muchos  están situados por los 50.

Además,  la poca disponibilidad de tecnologías apropiadas y apropiables, escasas transferencias de los resultados promisorios disponibles, informalidad en la tenencia de la tierra que dificulta el acceso al crédito, alto endeudamiento de los productores con la banca informal, bajo niveles de agro-industrialización, altos costo en la comercialización, escaso uso de buenas prácticas, entre otros, son desafíos a resolver a la mayor brevedad posible, si se quiere poner en marcha un proceso creíble de Reconversión Productiva, el cual creemos debe implementarse a través de un Plan Nacional de Reconversión del Sector Agroalimentario, con programas y proyectos concebidos de acuerdo con las realidades circundantes, prioridades productivas del Estado y potencialidades de cada región.

La situación sectorial e institucional en relación a los recursos humanos está caracterizada por: falta de una masa crítica de investigadores en las diferentes áreas estratégicas de investigación (falta de equipos multidisciplinarios), la relación promedio de Investigador Tiempo Completo (ITC) por proyecto es de 1.63 por debajo del mínimo recomendado (BOE, 2010 y Alvarez, 2011). Las universidades  de República Dominicana no ofrecen, en el sector, programas creíbles de maestrías y doctorales propios, lo que limita la formación sólida de recursos humanos para realizar investigación científica. El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) cuenta con 128 investigadores (12 con nivel de doctorado y 59 con maestría), que cumplen sus labores de manera parcial, ya ni siquiera a medio tiempo, debido a los bajos salarios que los obliga al pluriempleo para subsistir. Debe resaltarse que  un 30% de estos profesionales se encuentran en retiro permanente por edad o enfermedad, pero engloban la nómina activa. El servicio de extensión casi ha desaparecido. La edad promedio de los profesionales agropecuarios que todavía prestan algún servicios en las diferentes sectoriales, IAD, INDRHI, Ministerio de Agricultura, entre otras, ronda los 55 años, y no hay ningún incentivo que garantice un relevo generacional, pues el salario promedio para profesionales en este sector está por debajo de  RD$ 30,000 pesos mensuales.

En Mayo  2016 el CONIAF, la ADIA y otras organizaciones del sector, realizaron un levantamiento de los principales desafíos del sector agropecuario, con la participación de más de 600 líderes productores de las 8 Direcciones Regionales del Ministerio de Agricultura,  siendo  estos los principales retos encontrados, en orden de prioridad: escasez de agua, dificultad de acceso al crédito, mercado, debilidad institucional, escaso proceso de relevo generacional, y limitado proceso de investigación y transferencia de tecnologías. Estos desafíos están contenidos en una propuesta integral que se elaboró con el objetivo  de que sirviera de plataforma para las discusiones que nos conduzcan hacia la Reconversión Productiva del Sector Agroalimentario de República Dominicana  en los próximos 8 años, y así mitigar los efectos negativos del acuerdo DR-CAFTA,  obteniendo algún provecho del mismo.

Creemos que La Reconversión Productiva del Sector Agroalimentario de República Dominicana  se hace impostergable y se presenta como una de las pocas alternativas disponible  para enfrentar exitosamente el proceso de apertura comercial a nivel multilateral, regional y bilateral. Esta apertura plantea dos retos: La competencia en el mercado doméstico con aquellas importaciones a las cuales se le han concedido  preferencias arancelarias o más competitivas, y el aprovechamiento del acceso a mercados externos con productos especiales de calidad, con valor agregado y a precios competitivos. Como se ha puntualizado anteriormente, la reconversión agropecuaria debe enfocarse en dos ejes estratégicos bien definidos; agricultura para la exportación y agricultura familiar. En ambos casos,  asumimos la premisa de que en la mayoría de los productos que cultivamos no somos ni seremos  competitivos frente a grandes mercados, sin embargo, son imprescindibles por soberanía alimentaria (autosuficiencia), y generación de empleos, siendo la cantidad (volumen), inocuidad, y productividad, los factores fundamentales a mejorar para lograr ciertos índices de competitividad interna y externa.

En la mayoría de nuestras áreas de producción, este proceso debería  estar centrado en la aplicación de tecnologías generadas y/o validadas y ajustadas a nuestras condiciones, siempre y cuando los resultados hayan mostrado el potencial que tienen para incrementar la productividad, lo que contribuiría con la seguridad alimentaria nacional, y a garantizar el acceso a mercados internacionales.

La ejecución del Plan de Reconversión debe estar precedido de la definición de un marco regulatorio que describa con exactitud: cómo, con qué y para qué se implementará el  proceso de reconversión productiva en ambos niveles de producción.  Es impostergable la revisión integrar del marco jurídico que norma el Sector Agropecuario en toda su partes. Sin parches, ayer era la ley de semillas, hoy la ley de agua, mañana ¿cuál será? 

 Los países centroamericanos, junto a los que conformamos el DR-CAFTA, Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, en el año 1998 con apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), realizaron una consulta regional que sirvió de líneas bases para los procesos de reconversión en estos países. Tomando en cuenta estas líneas bases, Costa Rica, por ejemplo, creó en 1998, mediante la Ley 7742, el Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario, y ya lo actualizó en el año 2012. Otros países como Perú, en el año 2012, también revisaron su Marco Regulatorio de Reconversión Agropecuaria. Republica Dominicana no ha comenzado el proceso aún y con el decreto 260-16 se abre, probablemente, la ultima ventada para iniciar esta gran responsabilidad.

Se debe incorporar organizaciones con experiencia en estos procesos como la FAO, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la  Agricultura  (IICA) el cual, en el año 2007, publicó el documento  “Lecciones aprendidas sobre políticas de reconversión y modernización de la agricultura en América Latina”.  En este documento se puntualiza  que en Latinoamérica se han dado distintas experiencias de políticas para la reconversión productiva, reflejo de que en la región hay conciencia sobre la necesidad de acciones explícitas orientadas hacia la modernización del sector.


En cada uno de estos países, al analizar la estrategia de reconversión del sector agroalimentario que han seguido, encontramos que, sin importar el orden o nivel de detalle, están presentes los siguientes elementos: Componente de inversión, Componente de tecnología, Componente de comercialización, y  Componente de evaluación. Sabemos que la reconversión de cualquier sistema de producción es compleja dado que en ese proceso deben intervenir diferentes actores: Gobierno del Estado o Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los principales extractos de los Productores del sector en cuestión. En este momento República Dominicana tiene una oportunidad, pocas veces antes vistas, para avocarse a este complejo pero necesario proceso, pues, el Ejecutivo  cuenta con el todo apoyo del Legislativo, y relaciones afectivas reconocidas con los diferentes extractos (pequeños, medianos y grandes productores) del Sector Agropecuario Nacional.

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