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| Por: Carlos M. García Cartagena, i.a., Msc cmgarciac@gmail.com |
En
contraposición, la empresa privada se presenta como referente de administración
costo-eficiente, que por su naturaleza comercial y en función del mercado,
puede ofrecer bienes y servicios para satisfacer necesidades de diversa índole
con mucha mayor rapidez.
Con este
pretexto, se impulsó un proceso de reformas políticas, económicas y monetarias
creando un nuevo marco legal que posibilitó la venta de numerosas empresas
públicas algunas incluso de sectores estratégicos para la seguridad
nacional. Esto significó la privatización así como la
flexibilización o la desregulación de importantes áreas de la economía.
La
expansión financiera generada por las transacciones de compra-venta, y el hecho
de que en el sector privado el parámetro de éxito sea el beneficio monetario,
condujeron a la especulación provocando que la mentalidad financiera predomine
sobre la producción o el comercio, obligando a gobiernos, empresas y familias a
actuar bajo la lógica y conveniencia del sector financiero, e incluso a ser
víctimas, alterando por completo el funcionamiento de la economía (2).
La
distorsión ha sido de tal magnitud, que algunas empresas han optado por
quebrantar las leyes, con prácticas como falsear la contabilidad como vía para
maximizar su rentabilidad.
La
voracidad financiera abusa de la ciudadanía transformando a las personas en
números, eliminando su condición humana, endeudando, engañando y discriminando
perjudicando aún más a las que tienen menor nivel de ingresos. (1) Esto
produce una reconfiguración social que permite que un grupo reducido acumule
grandes riquezas (3), mientras que la gran mayoría se empobrece cada vez más.
Este
accionar está destruyendo costumbres socialmente útiles y tradiciones
ambientalmente sostenibles. Al mismo tiempo, está configurando un nuevo sistema
económico que tiene la dificultad creciente de encontrar nichos donde obtener
beneficios lo suficientemente jugosos.
Puede que
la administración pública no sea la mejor, pero en sectores sensibles como la
sanidad o el suministro de agua potable, la privatización es una peor opción.
Contraponer
el sector público al privado resulta un falso dilema. Lo que realmente importa
es saber ¿qué tan democrático es el control que tenemos sobre los recursos
públicos de cara a satisfacer las necesidades de la población? ¿Qué tipo de
gestión se aplica para administrar esos recursos? (1)
La ineficiencia de las empresas públicas se
debe en parte a que sus balances financieros no reflejan los beneficios
sociales que estas aportan. Igualmente, existe la creencia generalizada de
que esos beneficios son gratuitos, cuando, es sabido que todos los servicios
públicos se pagan con los impuestos.
El Estado
tiene, o debería tener, como primera responsabilidad velar por el bienestar de
todas y todos, creando leyes, y por sobre todo, haciendo cumplir las normas que
establecen límites e imponiendo sanciones para regular los agentes económicos.
De este modo, el Estado puede cumplir con su principal función ser el ente
administrador de las riquezas de la nación para beneficio de la nación.
Referencias
1. Rodríguez, Emmanuel. Privatización
vs. expropiación. Fort Apache. Hispantv,
Madrid, 21 de febrero de 2014.
2. Canepa, Marco. ¿Mercado o
Estado? Esta puede ser la solución. El
Definido. 20 de diciembre de 2013.
3. La
financiarización de la economía mundial: hacia una caracterización. García,
Bibiana Medialdea y Martín, Antonio Sanabria. 33, Huelva :
Revista de Economía Mundial, 2013, Revista de Economía Mundial, pág. 34. ISSN:
1576-0162.
4. Gutierrez, Eduardo y Albarracín,
Daniel. Financiarización y economía real: perspectivas para una crisis
civilizatoria. [En línea] 2008. [Citado el: 20 de abril de 2015.]
http://www.vientosur.info/documentos/Financiarizacion.pdf.
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